Madrid, 14 ene (EFE).- Un 46 % de las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Senado en 2024 proceden de directivas y decisiones de la Unión Europea, pero España sigue siendo no obstante el Estado miembro con más infracciones abiertas por incumplimiento de transposiciones europeas, con 90 casos.
Según el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, presentado este martes en el Congreso de los Diputados, de las 24 leyes aprobadas por las Cortes en 2024 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), once tienen su origen en las instituciones europeas (un 46 %).
En concreto, hay cinco que aplican reglamentos europeos o transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español: las directivas sobre conciliación familiar y profesional, representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas, intercambio de información sobre antecedentes penales, la aplicación de un impuesto a multinacionales y el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales.
Por otro lado, las seis leyes restantes contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias, pero no tienen un mandato expreso de transposición.
En la legislatura anterior (de 2019 a 2023), el peso de las decisiones europeas en la legislación aprobada en las Cortes fue del 53 %, según los datos recabados por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Más allá de las leyes aprobadas por las Cortes, en 2024 ha habido otras 20 normativas aprobadas por el Consejo de Ministros que han transpuesto directivas europeas o han adaptado reglamentos en forma de Reales Decretos, sin rango de ley, lo que hace que no sea necesario seguir después un procedimiento parlamentario.
Entre estos casos, figura un Real Decreto que aumenta la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral, y otro que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países.
Además, en 2024 se han aprobado 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación en todos los Estados miembros y, por tanto, ya forman parte del conjunto de leyes españolas, como por ejemplo el reglamento que prohíbe los productos realizados con trabajos forzosos o el que aprueba el primer marco normativo para el uso de Inteligencia Artificial.
La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha destacado en una charla con periodistas el impacto de la Unión Europea en la producción legislativa de nuestro país y ha señalado que la vivienda es uno de los temas prioritarios fijados por la Comisión Europea en el actual mandato, por lo que las decisiones adoptadas sobre este asunto tendrán también consecuencias directas para los ciudadanos españoles.
Pese al elevado porcentaje del trabajo europeo presente en la legislación española, España sigue siendo el Estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de transposiciones, con un total de 90 casos, seguido de Polonia con 88, Grecia con 81 y Bulgaria de 79, según datos facilitados por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
En la actualidad, según datos de diciembre de 2024 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer 87 directivas europeas, de las cuales 29 ya han cumplido su plazo de transposición.
Entre las directivas aprobadas en 2024 y pendientes de aplicación en España hay una sobre la calidad del aire y otra que refuerza la lucha contra la trata de personas, incluyendo nuevas modalidades de explotación, como la maternidad subrogada. EFE
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